- ¿Y a qué se dedica usted?

- Yo, pues,..... (glup) soy........, soy funcionario.

Uno no puede reprimir cierto acongojo al terminar la frase, mientras escruta el rostro del interpelante, intentando adivinar cualquier contracción de sus músculos faciales que, indudablemente, evidencie su desagrado con mi profesión.

La opinión pública actual se muestra esquizofrénica en torno a la consideración de los funcionarios:

Por un lado, exige tener una Administración Pública gestionada por auténticos profesionales, íntegros en el desempeño de sus cometidos, al servicio de los intereses generales.

Por otro, demanda con frecuencia una serie de limitaciones y recortes a su estatuto personal - principalmente dirigidos a eliminar su estabilidad en el empleo y a la congelación de sus retribuciones - que, en último término, tienden a deslizar a la función pública por la pendiente del descrédito y la ineficacia, además de poner en peligro su salud democrática.

Así, por lo que respecta a la mentada estabilidad, es preciso significar que la objetividad e imparcialidad en el desempeño de las funciones, exigibles a los funcionarios, no parece que se logren en mayor medida condicionando la estabilidad en el empleo de los mismos a la arbitraria decisión de los políticos que eventualmente los dirijan.

Imaginemos una Administración Pública en la que, tras cada período electoral, se produjera una renovación de su personal. En términos puramente economicistas sería un disparate. Al poco tiempo de que la curva de aprendizaje de los empleados comenzara a revelar su eficacia se verían desplazados por otros afines al grupo político que resultara vencedor en las nuevas elecciones. Pero, sobre todo, sería muy preocupante la más que probable predisposición de ese personal a la utilización de las exorbitantes potestades administrativas al servicio del grupo político dominante, en lugar de a los intereses generales que las justifican.

En cuanto al tema de las retribuciones, los comentarios vertidos por destacados líderes de opinión y responsables políticos con ocasión de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los funcionarios en 1997 son una buena prueba de la esquizofrenia apuntada. ¿Por qué, para que España cumpla los criterios de convergencia con Europa, se les exige (impone, más bien) únicamente a los empleados públicos un sacrificio retributivo, mientras los salarios en el sector privado no sólo no se han congelado, sino que han continuado creciendo en mayor proporción?

En el actual entorno empresarial se consolida la cultura de que el activo más importante de toda organización es el elemento humano y que el reto estratégico del siglo XXI consiste en atraer, desarrollar y retener talento. De la mano de técnicas, como la de la “Gestión del Conocimiento”, se está produciendo una transformación en el modo de funcionar de la propia economía, según la cual el factor de producción primordial son los conocimientos.

En esta nueva cultura el estilo de dirección autoritario no tiene cabida, imponiéndose el estilo participativo, basado en la confianza en las personas, bajo la máxima de que “los empleados comprometidos que se sienten realizados y satisfechos con su trabajo trabajan más y son más productivos”, y en el que identificar, valorar y desarrollar todo el potencial humano de los empleados es el elemento estratégico primordial para toda empresa.

Y mientras esta corriente se convierte en un torrente imparable, con más de 100.000 documentos on-line aplicados a este campo como resultado del trabajo de cientos de empresas, investigadores, profesionales y especialistas de todo el mundo, que colaboran e intercambian sus conocimientos y experiencias a diario, por medio de foros, congresos, intranets, etc., ¿qué pasa con el sector público?, ¿acaso no son frecuentes los bramidos a favor del trasvase de los modelos de gestión del sector privado al público?, ¿no será que la profesionalización de la función directiva en la Administración Pública es la gran asignatura pendiente de nuestra sociedad?

No parece conveniente que en el Sector Público, integrado por personas con un nivel de formación importante, acreditado en su ingreso, se produzca una fuga masiva de su Capital Intelectual, que encuentra en el sector privado un sistema de compensaciones y de carrera profesional mucho más atractivo y, sobre todo, de una consideración social que, hoy por hoy, no encuentra en el Servicio Público.

Para los que creemos que trabajar en la Administración debe ser algo más que un medio de ganarse la vida y que los intereses que realmente pueden verse perjudicados con el descrédito de la misma terminarán afectando a la salud democrática del sistema, debemos presionar para que se produzca un cambio de cultura sobre lo público. Cambio que indudablemente será inviable si no se lidera por los dirigentes públicos; lo que nos conduce a la necesaria redefinición de la función directiva en la Administración Pública.

Si para toda organización la selección de sus directivos es un asunto primordial, porqué no lo va a ser para la Administración Pública.

¿Si usted tuviera que operarse a corazón abierto, le gustaría ser intervenido por un licenciado en Derecho? Seguro que no, aunque le acreditarán que se trata de un auténtico devorador de libros médicos y fan del Doctor Barnard. Seguro que tampoco seleccionaría a un médico para que le arreglase la fontanería de su casa, ni a un albañil para que dirigiese el departamento financiero de su empresa.

La profesionalización de la función directiva en el sector público es la llave de una necesaria reforma, que introduzca a la Administración en los modelos de gestión modernos. El cambio en la consideración social de los funcionarios vendrá, después, por si sólo.

Alejandro Parres García
www.rrhhmagazine.com